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A las trabas burocráticas que impiden un mayor dinamismo en el nacimientos de nuevas empresas, se suma la cultura del castigo al fracaso, que lejos de ser parte del aprendizaje en el camino al éxito empresarial, es un obstáculo que anula las segundas oportunidades.

Ser emprendedor en Chile es una de las profesiones más complejas, pues además de requerir de buenas ideas, talento para llevarlas a la práctica y capital para afrontar los costos iniciales, la experiencia local revela que es tanto o más fundamental la perseverancia. 

La creación de una empresa puede tomar hasta un máximo de seis meses para empezar a funcionar e involucra un costo de US$ 1.347 (unos $ 700 mil), es decir, el doble que en otros países con niveles de desarrollo e ingreso per cápita similar al nuestro, según corrobora un reciente estudio de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Y, antes de partir, el protagonista de cualquier proyecto debe realizar unos 26 trámites -en unas seis entidades distintas y en promedio toma una semana cada uno-, mientras que en Nueva Zelanda sólo se necesitan dos. “En ese país, un empresario se demora 12 días en crear su compañía y con un costo de US$ 40 y nosotros nos demoramos seis meses y con un costo mínimo de US$ 800 para el caso de un simple negocio tipo bazar o en un pequeño comercio”, comentan en la entidad gremial.

Una difícil partida Martín, un profesional santiaguino con algunos ahorros, instaló hace un año y medio un restaurante en la V Región, pues pensó que esta sería una inversión más rentable que un depósito a plazo u otra apuesta de tipo financiera.

Desde un principio, las dificultades fueron evidentes. La primera, la falta de un organismo que centralice la información para quien se inicia en las lides de los negocios. “Cada entidad a la que uno tiene que ir está preocupada de lo que necesitan ellas, no de los pasos siguientes ni de los papeles que se deben llevar. Entonces, por cada trámite, en rigor, hay dos viajes. Uno para saber qué papeles y requisitos se necesitan, y otro para hacer el trámite y pagar”, relata.  Propio de los emprendimientos relacionados con el ámbito de los alimentos, las mayores trabas en su recorrido las encontró en la Municipalidad y en el Servicio de Salud. Por ejemplo, en la primera le pidieron actualizar el plano de la casa en donde funcionaría el restaurante, lo cual lo obligó a contratar un arquitecto, pero nunca le dieron la patente de alcoholes. “Esto último depende de la decisión del Consejo Municipal y eso se ve, caso a caso”, explica el ex empresario gastronómico.

A la inversión en los equipos del restaurante, debió sumar cuatro meses de sueldos a sus empleados, ya que el Seremi de salud exige la nómina de trabajadores antes de empezar a operar el negocio. “Para solicitar el permiso sanitario se pide un plano con la ubicación de todos los muebles, maquinarias y extractores de aire, para lo cual hay que tenerlas compradas y muchas veces no las aceptan. Así me demoré cerca de siete meses en partir”, precisa Martín.

Otra muestra de los tropiezos que genera la ausencia de una institucionalidad pro emprendimiento, es la cantidad de copias de cada papel relevante para lograr la autorización de una actividad comercial. Precisamente, por la carente comunicación entre las diferentes reparticiones que participan en el proceso, la persona debe andar con una carpeta de papeles para todas partes.

No es sólo un problema de comunicación. La descoordinación entre las entidades pertinentes muchas veces agrava la situación. “El departamento de Obras de la Municipalidad me exigía tener 120 m2 construidos, y el Seremi de Salud me exigía que la basura estuviera en un cuarto techado aparte. Pero si ponía techo, me pasaba en 2 metros de los 120 m2 que pedía la Municipalidad. Entonces, cuando iba el inspector municipal tenía que sacarle el techo al cuarto; y cuando iban los inspectores de salud, volver a ponérselo”, grafica.

Al final, Martín optó por cerrar su negocio sin recuperar el capital. Sólo en la reconstrucción de la casa que arrendó invirtió $ 5.000.000, pues debió ajustar estructuralmente el lugar para cumplir con la normativa. En diligencias básicas para partir -notariales y legales- el gasto había bordeado los $ 300 mil. 

El castigo al fracaso

Decidor, Martín prefiere guardar reserva de su apellido. Otros, en su mismo caso, lo emulan. Todos sacan la misma cuenta: la idiosincrasia chilena castiga el fracaso, incluido el ámbito empresarial. Cada uno guarda en  el anonimato las “aventuras” empresariales.

Un mar de distancia con lo observado en economías desarrolladas, donde los currículos suelen enriquecerse con los “proyectos frustrados”, pues se asume que el fracaso es parte de la esencia de los emprendedores. En EE.UU. los ejemplos son emblemáticos: Henry Ford falló en dos negocios como fabricante de automóviles antes de crear Ford Motor Company; Tom Monaghan, que fundó Domino’s Pizza, estuvo a punto de quebrar dos veces con su primer restaurante y Berry Gordy, fundador de la Motown Records, debió cerrar su primera tienda de discos.

¿La lección? Todos ellos se levantaron de nuevo. Sólo un antecedente al respecto: en la mayor economía del mundo sólo toma cinco días –como mínimo- abrir una empresa y el costo llega a  US$ 285 (unos $ 150 mil).

Pero el negativo impacto no se limita a la imagen personal sino también alcanza al bolsillo del emprendedor, puesto que -por lo general- éste queda endeudado con el sistema financiero. Y aunque termine pagando, sus fracaso quedará registrado en el sistema, haciéndosele prácticamente imposible volver a obtener un crédito para volver a emprender.

Si al principio fue difícil el acceso a financiamiento, hacia el final la figura también es compleja.  “Hay que demostrar como mínimo 12 IVA para tener un acceso a un crédito y ventas altas de alrededor de $ 30 millones”, precisan en el comercio. Ese mismo año de funcionamiento que se exige para tener una cuenta corriente y una chequera de empresas, requisitos -a su vez- para establecer tratos con proveedores.

El trauma del cierre

Las dificultades de la historia no terminan con el funcionamiento de la nueva empresa. Si ésta decide cerrar, surge otro problema. El término de giro –que debe informarse al Servicio de Impuestos Internos en los dos meses siguientes a la decisión- obliga al empresario a presentar una contabilidad histórica de su negocio. Para ello el SII le da plazo de un año, en cuyo lapso debe demostrar además que no tuvo movimiento, o sea, deben acumular en forma continua 12 o más declaraciones de IVA sin movimiento.

Dentro de este plazo, el empresario también debe entregar todas las boletas y facturas timbradas, es decir, es sometido a una verdadera auditoría para chequear si tiene deudas financieras y previsionales. Al minuto del cierre, todas las cuentas deben estar al día o, de lo contrario, el SII aplica multas.

Dado este cuadro, se calcula que alrededor del 70% de las empresas sin movimiento no realizan los trámites legales de término de giro. Muchas veces, y ante una actividad comercial que no dio dividendos, no tienen cómo responder frente a los pasivos.

Antecedentes del Banco Mundial, revelan que el tiempo promedio de cierre de empresas en el país es de 5,6 años, lo que lo ubica en el lugar 14 en el ranking de países con mayores tiempos de cierre de firmas,  cercano a Haití, Filipinas y
Turquía, mientras que Estados Unidos registra un tiempo medio de 2 años y los países de la OECD de 1,5 años.

Empresas inactivas

Una  muestra de que muchos emprendedores declinan cerrar formalmente las empresas en las cuales les va mal -precisamente para evitar problemas con el SII y otras secuelas que implican altos costos-, es que alrededor de un 40% de las firmas legalmente identificables son compañías sin actividad comercial alguna, o sea, no poseen registros de ingresos o ventas en sus estados de  situación, según un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago.

De acuerdo a dicho informe, la creencia común de que en el país operan cerca de 700.000 empresas es sólo eso, pues el universo efectivo no superaría las 450.000.

En suma, después de un fracaso empresarial regularmente no queda capital y, a su vez, queda restringido sino anulado el acceso a financiamiento. Con alta probabilidad, el entusiasmo por emprender nuevos negocios desaparece. Un serio riesgo para el desarrollo de un país que aún exhibe grandes desafíos en materia de distribución del ingreso de la población vía un mayor y mejor empleo, cuya base –se entiende– debe comprender una saludable iniciativa personal.

Urge por lo tanto incentivar el emprendimiento. Hace más de 200 años que Adam Smith nos habló de las bondades que genera para la sociedad la existencia de iniciativa privada: aunque el empresario no se lo proponga una “mano invisible” fomenta el desarrollo del país. Urge, por lo tanto, una “mano visible” del Estado para simplificar los  trámites (sin necesariamente bajar los requerimientos) que permita a más personas emprender.